Las excarceladas políticas y desterradas nicaragüenses Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Dora María Téllez presentaron una querella penal ante la Audiencia Nacional de España contra el “cocanciller” de la dictadura de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, por coacciones, amenazas y delitos patrimoniales ejecutados como terrorismo de Estado. 

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) señala a Jaentschke de ser el centro de la “arquitectura de vigilancia e inteligencia”, que opera bajo el mando de Rosario Murillo. Su presencia en territorio español participando en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, fue aprovechada por las tres excarceladas políticas para presentar la querella penal. 

La acción judicial es respaldada por la organización Unión Democrática Renovadora (Unamos), y el Centro Guernica 37, un despacho especializado en la promoción de justicia frente a crímenes y violaciones a los derechos humanos. 

“Interpusimos esta querella como ciudadanas españolas afectadas directamente por los actos cometidos por él (…) El GHREN lo identificó como unas de las personas de alto nivel que entre 2021 y 2023 participó en las decisiones de la represión contra opositores que en ese periodo nosotras fuimos encarceladas, desterradas, confiscadas, desnacionalizadas”, explicó Vijil. 

El historial de Valdrack Jaentschke

La querella busca que el funcionario responda ante la justicia por hechos relacionados con la persecución que las tres denunciantes aseguran haber sufrido. 

Como parte de la “arquitectura de vigilancia e inteligencia”, Jaentschke coordinó “actividades de inteligencia” cuando ejerció como ministro consejero en Guatemala, Honduras y Costa Rica, y también cuando ejerció como asesor presidencial en materia de políticas y asuntos internacionales.  

“Nosotras, pero también como miles de nicaragüenses, sabemos y conocemos en carne propia lo que significa la represión, la detención arbitraria, el aislamiento, la tortura, la separación de nuestras familias, la privación de todos nuestros derechos, por eso decidimos interponer esta querella”, señala Dávila. 

El GHREN ha documentado que la persecución política en Nicaragua también ha tenido una dimensión de género. En su informe de febrero de 2026, el Grupo señaló que las mujeres opositoras, defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas y dirigentes políticas han sido objeto de represalias específicas por su participación y liderazgo en espacios públicos y políticos.

El organismo documentó prácticas de violencia sexual y de género, amenazas de violación, desnudez forzada, insultos por razones de género y aislamiento prolongado contra mujeres detenidas por motivos políticos. También señaló que las autoridades restringieron el contacto de mujeres privadas de libertad con sus familiares e hijos, lo que profundizó los efectos de la represión.

“Lo estamos acusando de cometer delito de terrorismo de estado contra los nicaragüenses (…) que los jueces españoles puedan actuar en su contra”, puntualizó Téllez.

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La Lupa Feminista