Corte IDH exige a Nicaragua proteger a mujer vinculada a denuncia de violencia sexual contra Ortega


La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Nicaragua garantizar la vida, la integridad y la libertad de una mujer identificada como E.J.F.C., quien habría sido víctima de violencia sexual por parte del dictador Daniel Ortega en 2005, cuando era menor de edad. La mujer y una de sus hijas, de 13 años, permanecen desaparecidas desde marzo de 2025, según las denuncias presentadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En una resolución de medidas provisionales, la Corte exigió a Nicaragua informar de manera oficial e inmediata sobre el paradero de E.J.F.C. y su hija C.M.F., así como sobre las condiciones en que se encuentran. También ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar la reunificación de ambas con M.M.F., la otra hija de la mujer, de ocho años.
El 21 de marzo de 2025 E.J.F.C., según la Corte IDH, informó a su madre que el número de vehículos con agentes que la vigilaban había aumentado de tres a seis y que temía por su seguridad y la de sus hijas. Ese mismo día, a las 10:30 p.m., durante una llamada telefónica, relató atemorizada que la Policía y otros agentes estatales estaban entrando con violencia a su casa, tras lo cual la llamada se cortó.
En un nuevo intento de comunicación se la escuchó decir “dame mi teléfono”, entre voces de hombres que gritaban “sos una golpista, terrorista”.
Desde entonces, su teléfono permanece apagado y se desconoce su paradero y el de su hija C.M.F, afirma la Corte en su resolución.
El tribunal requirió levantar cualquier medida que encubra el paradero o restrinja la libertad y la integridad personal de E.J.F.C. y C.M.F. En el caso de la niña de ocho años, ordenó poner fin a su aislamiento y garantizarle acceso a educación, salud, actividades recreativas y atención psicosocial.
La niña de ocho años permanece en la casa familiar «bajo vigilancia, control y custodia permanentes de agentes estatales, sin acceso de su familia, sin asistir a la escuela desde hace aproximadamente dos años y sin actividades recreativas», denuncia la Corte IDH.
«Dos personas que solían trabajar en la vivienda han señalado que la niña es visitada diariamente por dos mujeres policías; y que la niña llora constantemente y pregunta por su madre y su hermana», según información. En mayo de 2026, fue la última vez que se supo de la niña, pues toda comunicación ha sido bloqueada.
Las medidas buscan proteger a las tres integrantes de la familia ante el riesgo para sus derechos fundamentales, en un caso marcado por denuncias de desaparición, vigilancia estatal y separación familiar.
El caso se relaciona con Santos Sebastián Flores Castillo, hermano de E.J.F.C., quien denunció en 2005 a Daniel Ortega por presuntos actos de violencia sexual contra ella. Según los antecedentes presentados ante el Sistema Interamericano, la familia habría sufrido persecución y hostigamiento después de las denuncias.
En 2013, Flores Castillo recibió una condena de 15 años de prisión en un proceso que, según los señalamientos presentados contra el Estado, habría sido una represalia. Murió el 8 de noviembre de 2021 mientras permanecía bajo custodia estatal en el centro penitenciario La Modelo. Las circunstancias de su muerte y las denuncias relacionadas con el caso forman parte de los antecedentes que deben examinarse en el marco de los procedimientos correspondientes.
La solicitud de protección presentada ante la CIDH también señaló que E.J.F.C. habría recibido amenazas y sufrido vigilancia estatal durante años. Según la parte solicitante, la desaparición de la mujer y sus hijas estaría relacionada con la persecución contra la familia y con los intentos de buscar justicia por las denuncias formuladas por Flores Castillo.
Los presuntos actos de violencia sexual atribuidos a Ortega deben mantenerse como una denuncia, sin presentarlos como una responsabilidad penal establecida judicialmente.
El 17 de septiembre de 2026, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de E.J.F.C. y sus dos hijas mediante la Resolución 70/2026. La Comisión consideró que las tres se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para sus derechos a la vida y a la integridad personal.
La CIDH solicitó a Nicaragua determinar el paradero de las tres beneficiarias, informar si estaban bajo custodia estatal y precisar su situación jurídica y las condiciones en que se encontraban.
También pidió permitir el contacto regular con familiares y representantes legales de confianza, además de informar sobre las investigaciones de los hechos denunciados.
El Estado nicaragüense no respondió a la solicitud de información de la Comisión dentro del plazo establecido, según la resolución.
Las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH constituyen una nueva exigencia internacional para que Nicaragua esclarezca el paradero de la mujer y sus hijas y adopte acciones concretas para protegerlas.
Nicaragua permanece en desacato ante la Corte IDH desde 2022, después de incumplir resoluciones relacionadas con la protección de personas opositoras encarceladas. El cumplimiento de las nuevas medidas será determinante para conocer la situación de E.J.F.C. y sus hijas y garantizar sus derechos.
