La lideresa y exdiputada, Nancy Henríquez, permanece «bajo un régimen de arresto domiciliario en una vivienda familiar lejos de su territorio», una situación que evidencia la persecución diferenciada por razones de género contra las mujeres indígenas, denunciaron defensoras de derechos humanos durante un evento paralelo a la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Su excarcelación realmente no ha significado la recuperación de su libertad ni el restablecimiento de sus vínculos comunitarios”, afirmó Claudia Paz y Paz en el encuentro sobre Nicaragua realizado el 27 de octubre de 2026 y que fue organizado por el Colectivo 46/2.

La dictadura detuvo de forma arbitraria Henríquez el 1 de octubre de 2023, y después de permanecer en desaparición forzada fue excarcelada el 21 de marzo de 2026.

La directora del programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señaló que el caso de Henríquez evidencia «cómo se entrecruzan la persecución por razones de género y los ataques al liderazgo indígena».

«Su excarcelación realmente no ha significado la recuperación de su libertad ni el restablecimiento de sus vínculos comunitarios», advirtió Claudia Paz y Paz..

En la Costa Caribe, la persecución contra liderazgos indígenas ocurre en medio de la «ocupación de tierras, el debilitamiento de la autonomía y la expansión de actividades extractivas». Paz y Paz recordó que Nicaragua ha titulado 23 territorios indígenas, pero el Estado no ha concluido el saneamiento territorial para resolver la presencia de colonos en tierras comunales.

Entre 2013 y 2024, al menos 79 personas indígenas fueron asesinadas durante invasiones de colonos, según los datos expuestos por la defensora de derechos humanos.

Más de 300 defensoras detenidas o judicializadas

Paz y Paz también advirtió sobre la persecución contra mujeres defensoras de derechos humanos. Entre 2018 y 2025 se documentaron 14,000 agresiones contra más de 1,700 defensoras y 400 organizaciones, de acuerdo con el registro mesoamericano que citó. Las agresiones incluyen amenazas, vigilancia, criminalización y violencia física, psicológica y sexual.

Desde 2018, más de 300 defensoras y activistas han sido detenidas arbitrariamente o judicializadas. La especialista mencionó el caso de Thelma Montenegro, integrante de la Asociación Madres de Abril, detenida el 23 de agosto de 2026 y cuyo paradero seguía sin conocerse.

Más de 300 defensoras también han sufrido desplazamiento forzado. En el exilio, explicó Paz y Paz, la separación familiar, las responsabilidades de cuidado y la precariedad económica agravan las consecuencias de la persecución.

A esto se suma el cierre de organizaciones de mujeres y feministas, que ha «desmantelado redes de refugio, asesoría jurídica, apoyo psicológico para aquellas mujeres y niñas que enfrentan violencia».

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La Lupa Feminista