Nicaragua: 20 años de penalización absoluta del aborto

A veinte años de la derogación del artículo 165 del Código Penal de Nicaragua, que permitía el aborto terapéutico, la penalización absoluta del aborto continúa poniendo en riesgo la vida, la salud, la libertad y la dignidad de las mujeres, las niñas y otras personas con capacidad de gestar.

Una prohibición, que no contempla excepciones ni siquiera en casos de violación o cuando peligra la vida de la persona embarazada, vulnera derechos fundamentales como la autonomía reproductiva, la integridad personal y el derecho a decidir sobre la maternidad, indican fuentes consultadas.

Sus consecuencias se agravan en un contexto de represión, persecución de las organizaciones feministas y cierre de los espacios de defensa de los derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que restringe las posibilidades de exigir justicia, acceder a información y documentar el impacto de dos décadas de criminalización.

“La penalización lo que dice es que las mujeres están condenadas a una maternidad forzada, y no solo por razones de violencia, que es algo grave. El Estado lo que hace es revictimizarlas, volverlas a castigar”, indica la socióloga y feminista María Teresa Blandón en entrevista con La Lupa Feminista.

Fue el 26 de octubre de 2006 cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua, con 52 votos a favor, nueve abstenciones y 29 ausencias, aprobó la derogación del artículo 165 del Código Penal, que durante más de un siglo había permitido el aborto terapéutico.

La decisión contó con el respaldo de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), en medio de la campaña electoral que, en 2007, retornó a Daniel Ortega al poder.

La prohibición absoluta quedó consolidada en el nuevo Código Penal, vigente desde 2008, que mantiene la criminalización del aborto sin excepciones expresas. Con esta reforma, el Estado eliminó la única excepción legal que permitía interrumpir un embarazo por razones médicas, dejando sin esa alternativa a mujeres y niñas, incluso cuando su vida o salud estaban en riesgo o el embarazo era consecuencia de una violación.

Desde entonces, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han advertido sobre las consecuencias para la salud, la autonomía y la vida de las mujeres.

“La penalización lo que dice es que el Estado no cree ni en la integridad de las mujeres, ni en su libertad sexual, ni en la maternidad voluntaria”, señala Blandón.

Una prohibición que agrava los riesgos para las mujeres

Blandón señala que la penalización del aborto también afecta el ejercicio de la medicina, al restringir la capacidad del personal médico para intervenir ante embarazos que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. A su juicio, esta prohibición “vulnera de fondo la propia naturaleza del Estado y del sistema de salud que existe para que todo el mundo tenga acceso, información de calidad, intervención oportuna”.

“Una mujer que necesita un aborto terapéutico porque tiene un problema de salud previo o un problema de salud agravado por el embarazo (…) tiene el derecho de ser atendida oportunamente. Y si los médicos tienen prohibido hacer eso, las mujeres se quedan en la más absoluta indefensión”, apunta la socióloga nicaragüense.

Esa indefensión se traduce también en incertidumbre para quienes deben tomar decisiones médicas. Ana Quirós, experta en salud pública del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), advierte que el temor a enfrentar sanciones penales puede condicionar la actuación del personal sanitario, incluso ante situaciones que requieren una intervención urgente.

“Eso ha llevado a que las mujeres no solo corran riesgo, sino que pongan su vida en peligro sin necesidad”, afirma Quirós.

La especialista recuerda que Nicaragua reconoció durante más de un siglo el aborto terapéutico cuando el embarazo representaba un peligro para la vida de la mujer. Su eliminación, sostiene, “le ha mostrado a la sociedad en general, y a las mujeres en particular, que la vida de las mujeres no vale nada”.

Para Quirós, las consecuencias pueden ser aún más graves en las zonas rurales, donde las distancias hasta los centros de salud, las limitaciones de acceso a servicios médicos y los “prejuicios” presentes en las comunidades dificultan la atención. A estas barreras se suma el temor a ser señaladas o denunciadas, que puede llevar a las mujeres a postergar la búsqueda de ayuda ante una emergencia.

“Eso significa que decenas de mujeres han puesto su vida en riesgo, que probablemente muchos niños y niñas han quedado sin sus madres, muchas madres han quedado sin sus hijas por esa negligencia por parte del Estado nicaragüense”, señala Quirós.

Consecuencias para la vida de las mujeres ante la inacción del Estado

La reforma de 2006 significó la eliminación de una excepción histórica en Nicaragua. Su aprobación, en plena campaña electoral, evidenció la dimensión política de una decisión que se ha mantenido durante dos décadas. Para Ana Quirós, la persistencia de esta prohibición refleja la falta de disposición de las autoridades para modificarla. “No hay ninguna voluntad política”, agrega.

Las consecuencias de esta legislación se reflejan en los casos de Susana y Lucía, dos niñas sobrevivientes de violencia sexual en Nicaragua a quienes el Estado les negó el acceso al aborto y obligó a continuar embarazos producto de violación.

Ambos casos evidencian las consecuencias de la prohibición aprobada en 2006. Al examinarlos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que se “vulneró su derecho a vivir con dignidad, sometiéndolas a situaciones que constituyen tortura”.

Más allá de estos casos, las condiciones de vulnerabilidad de niñas y adolescentes se agravan por la falta de educación sexual integral y las barreras para acceder a servicios de salud reproductiva. Así lo advierte una defensora de los derechos de las mujeres que, por temor a represalias, solicitó mantener su identidad en el anonimato durante una entrevista con La Lupa Feminista.

“No hay educación formal en las escuelas sobre el tema, no hay educación en las instituciones de salud, no hay constancia en la distribución de métodos anticonceptivos adecuados para cada mujer, la atención en salud hacia las mujeres es vista como el binomio materno-infantil y no de forma preventiva en derechos sexuales y derechos reproductivos y prevención de la mortalidad materna”, señala la defensora.

A estas deficiencias se suma la violencia que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes. Según la entrevistada, Nicaragua registra “altas tasas de violencia intrafamiliar y sexual, muchas veces redundan en embarazos no deseados”. En este contexto, las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas quedan “expuestas al riesgo de embarazos no deseados como resultado de violación sexual”.

La defensora advierte que la penalización absoluta no elimina la práctica del aborto, sino que puede empujarla hacia la clandestinidad, con mayores riesgos para quienes recurren a procedimientos inseguros.

“La prohibición del aborto en Nicaragua, pone totalmente en riesgo la salud y la vida de las mujeres, incluyendo a las niñas. El hecho que muchos embarazos constituyen un riesgo para la vida o sean resultado de una violación, ha provocado que el aborto se practice en forma clandestina, de forma insegura, contrario a su salud y derechos reproductivos”, explica.

En los casos de violencia sexual, estas consecuencias se suman al daño sufrido por las sobrevivientes. La defensora señala que las víctimas, además de ser “estigmatizadas y culpabilizadas, son doblemente victimizadas al ser obligadas a llevar a término embarazos resultado de violación sexual”.

Esta imposición, sostiene, “vulnera sus derechos humanos a una vida sin violencia, a decidir sobre su propio cuerpo, a gozar de sus derechos sexuales y reproductivos, a su dignidad como persona, a su libertad, a la seguridad personal, a la intimidad”.

Para la entrevistada, el impacto de la penalización debe entenderse como parte de un deterioro más amplio de las garantías de derechos humanos en el país.

“La criminalización del aborto constituye otro retroceso en materia de Derechos Humanos en Nicaragua afecta la vida y salud de las mujeres adultas, adolescentes y niñas, particularmente sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a una vida digna, sin violencia”, apunta.

La desarticulación de las organizaciones feministas agrava la situación

La represión estatal intensificada desde 2018, que ha provocado el cierre y la confiscación de organizaciones feministas en Nicaragua, también ha debilitado las redes de acompañamiento y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Para María Teresa Blandón, esta desarticulación refleja la falta de voluntad del Estado para colaborar con organizaciones comprometidas con la “maternidad voluntaria, que tienen un compromiso con la defensa de los derechos de las niñas y las adolescentes”.

“En vez de cooperar con esas organizaciones que hacían un trabajo muy valioso, lo que ha hecho es perseguirlas, confiscarlas, criminalizarlas. O sea, cualquier Estado que quiera enfrentar en serio un problema que es un problema grave, que es un problema estructural, que es la violencia sexual contra las niñas y adolescentes y el embarazo forzado, estaría abierto a colaborar”, dijo la socióloga y feminista.

A la persecución de estas organizaciones se suma, según Blandón, la falta de investigación sobre las circunstancias en que niñas y adolescentes quedan embarazadas, incluso en un contexto marcado por la violencia sexual.

“El Estado ni siquiera investiga cómo salieron embarazadas esas niñas”, afirma.